Generalmente, la localización del cónyuge es una tarea muy compleja ya que no suele dejar rastro de su paradero.
En ocasiones, el otro progenitor rehace su vida con otra persona y no quiere saber nada más de su anterior vida, sin pensar en las obligaciones legales que tiene en el caso de tener descendencia, bienes gananciales, etc.
Cuando se produce la separación, el cese de la obligación de la convivencia se lleva a efecto y es cuando comienzan a surgir los problemas entre los cónyuges.
Así, se inicia una “batalla” legal sobre quién va a continuar en el domicilio conyugal, liquidación de los bienes gananciales, custodia de hijos, etc.
Pero en ocasiones no sucede esta casuística, sino todo lo contrario, de forma repentina desaparece uno de los dos progenitores sin aportar ninguna información sobre su paradero. Se produce un cambio radical de vida. A partir de este punto, empiezan los problemas cuando por todos los medios de tratar de localizar al otro cónyuge.
Uno de los principales motivos de localizar a la pareja es proceder a la notificación de las resoluciones judiciales, que pueden ser motivadas por un embargo o por otra causa.
Ante la imposibilidad de dar con su paradero, surge la necesidad de localizar a la pareja mediante la ubicación de su nuevo domicilio, ciudad, trabajo, teléfono o vehículo.
Para llevar a cabo estas actividades de investigación privada resulta imprescindible contactar con un despacho de detectives privados especializados en este tipo de búsquedas.
Bajo el amparo de la legalidad vigente, el detective privado es el profesional legitimado para realizar estas actividades indagatorias, recurriendo a todas aquellas fuentes de información a su alcance con el único fin de localizar e informar al cliente sobre la nueva situación del progenitor.
Cuando alguien desaparece de tu vida sin explicación, o los datos que te da no encajan con la realidad, la localización permite saber dónde está y con quién, dentro de los límites legales y sin exponerte a ti.
Informe de localización con los datos verificados y las fechas de comprobación, útil para un procedimiento judicial, una notificación o para tu propia tranquilidad.
No se instalan dispositivos de seguimiento sin autorización judicial, ni se accede a datos de telefonía. La localización se hace por medios lícitos, sobre espacios y fuentes de acceso público.
No. La instalación de dispositivos de seguimiento sin consentimiento ni autorización judicial es ilícita y la prueba sería inadmisible, además de constituir una intromisión ilegítima.
Se documenta la actividad observable y las personas con las que se relaciona en espacios públicos. Esa es la información que, además, resulta útil después en un procedimiento.
